
Sin duda, en nuestra sociedad se evidencian significativos avances dentro de la normativa jurídica escrita, tendientes a consolidar las bases para garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas.
Sin embargo, es preciso señalar también que, muchos de sus enunciados, aún no se instalan como prácticas habituales traducidas en relaciones de convivencia que acojan la diversidad dentro de una perspectiva de igualdad y equidad.
Por el contrario, los antagonismos sociales siguen mostrando que, pese a la declaración formal de derechos, las condiciones de vida de muchas personas, continúan atrapadas dentro de asimetrías que restringen posibilidades para el ejercicio pleno de todas sus capacidades vitales.
Se hace necesario, entonces, afirmar que aún persisten distancias profundas entre los enunciados de una legislación que reconoce derechos a toda persona –individuales, sociales, económicos, civiles y políticos-, y las condiciones materiales y simbólicas para que éstos se asienten en la base de una cultura que, hasta ahora, se ha caracterizado por la reproducción de diversas formas de dominación y expropiación.
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Garantizar
la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el bienestar y desarrollo
integral, como principio rector que aspira a nuevas formas de convivencia
social, es un proceso complejo y contradictorio, pues requiere desmontar
poderes e inequidades, volver visibles prácticas discriminatorias,
acoger voces y experiencias históricamente silenciadas. |
Por esto, hablar de derechos implica admitir el desafío de trascender las producciones discursivas, para mirar críticamente la propia cultura y sus representaciones sociales. Sólo así será posible reconocer y nombrar a una sociedad cimentada en estructuras sostenedoras y cristalizadoras de mitos y estereotipos, que validan la vigencia de relaciones jerarquizadas, violatorias.
“Clasificar” y “calificar” las diversas maneras en que se expresa la condición humana, asignándoles valores que trastocan la diferencia en desigualdad, ha servido de marco instaurador de relaciones de poder desde las que se mantienen, reproducen y justifican modos de pensamiento y acción dominantes, tendientes a imponer y decidir acerca del sentido de la vida personal y colectiva.
Este es el mecanismo a través del cual el sistema imprime un carácter jerarquizado a todo el espectro de relaciones sociales: de clase, de género y generacional, entre otras. Por su parte, esto es asumido por las instancias de socialización en su condición de reproductoras de ideología, para ir construyendo el lugar y los roles valóricamente diferenciados que la sociedad le asigna a: ricos-pobres, hombres-mujeres, adultos-personas menores de edad.
Acercarnos críticamente a estos dispositivos, nos permitirá cuestionarnos de qué modo nuestra sociedad posibilita o niega el ejercicio de los derechos.
Se trata así de repensar la vida, las creencias, la expresión de los afectos, los valores y costumbres, que pautan los modelos de relación y las percepciones sobre los distintos sectores de población y que han constituido en esencia el marco de interacción social por el que transitan sus experiencias y desde las cuáles continúan siendo validadas o silenciadas sus necesidades y expectativas.
Desde estas premisas básicas, se plantea además que, trabajar desde un enfoque de derechos implica necesariamente, incorporar otras visiones que, de manera simultánea y complementaria, contribuyan a escudriñar dentro del complejo entramado social, las particulares formas en que continúan legitimándose estructuras de poder opresivo y discriminatorio.
Es a partir de estas consideraciones, que la Fundación PROCAL postula los siguientes enfoques, que transversan su quehacer.
A partir de este Enfoque interesa reconocer la pobreza como problema estructural
expresada en las crisis económicas recurrentes en que se inscribe el
país y plasmada en desigualdades visibles en la distribución de
los bienes y servicios socialmente producidos. Es evidente que el bienestar
y el desarrollo son tangenciales para amplios sectores humanos, persistiendo
significativas y crecientes diferencias entre zonas geográficas y entre
estratos sociales, según sea su forma de inserción en el sistema
productivo.
Ciertamente comprensiones de carácter economicistas no son suficientes para dar cuenta desde una dimensión totalizadora de las problemáticas que enfrentan determinados grupos sociales. No obstante, tampoco es posible obviar que la pobreza es una experiencia que sesga y recorta el futuro, no sólo desde el punto de vista material, sino también desde su dimensión subjetiva, a través de las significaciones individuales y colectivas generadas en el contexto de la deprivación y de la exclusión de oportunidades en todos los ámbitos.
| De
allí que este Enfoque intenta visibilizar el hecho de que conceptos
como niñez, adolescencia, mujeres, pobladores, familias, entre
otros, no pueden asumirse como “categorías” unívocas.
Por el contrario, toda lectura homogeneizante es discriminatoria en cuanto
intenta atribuir rasgos comunes a un sector o grupo social en general,
omitiendo las oportunidades diferenciales a que cada quien ha tenido acceso,
y por lo tanto, a sus distintas formas de interactuar, percibir, vivir
e internalizar la realidad. |
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Se cuestiona así el uso de los ya agotados paradigmas de trabajo con los sectores empobrecidos, desde los que se sustentan y articulan acciones imaginadas y pensadas desde “la disfuncionalidad”, “la postergación”, “lo patológico”, “lo marginal”, “la precariedad” y “lo residual”. Estas distorsionadas visiones sugieren que determinados grupos sociales existen y justifican el quehacer institucional en tanto portadores de problemas y no de capacidades.
Ello a su vez –desde una concepción precisamente clasista y revictimizante- lleva a diseñar programas, enfoques, funciones y compromisos dirigidos a “trabajar” sobre las expresiones del deterioro – producto y resultado inherente del sistema-; omitiéndose el abordaje de las condiciones estructurales que lo generan y que nos acercarían más a la transformación y el crecimiento.
De esta manera, legitimar “categorías” mecánicas y socialmente construidas, agrede a quienes han sido obligados a vivir una cotidianidad distinta, a quienes han debido desafiar la sobrevivencia misma, y desde lo cual se resquebrajan los parámetros oficiales de un ordenamiento social. De allí la necesidad y el reto pendiente de reinterpretar la realidad particular de los sectores empobrecidos, que sobrellevan la desigual apropiación de la riqueza y el poder, lo que también se constituye en una expresión más de violencia.
Este Enfoque implica trabajar en la revisión y transformación de aquellos andamiajes socioculturales, que han propiciado, sostenido y perpetuado relaciones asimétricas y oportunidades diferenciales entre mujeres y hombres. Ello se traduce en todos los espacios -sociales, económicos, políticos y culturales- en una desigualdad de posibilidades para: decidir, hacer, proponer y, en definitiva, para acceder a una equitativa distribución del poder.
El ejercicio histórico del poder de los hombres hacia las mujeres, no es más que la expresión de un régimen opresivo que ha podido consolidarse a partir de múltiples discursos y mitos sociales, que afirman la inferioridad de aquellas como una condición intrínseca a su “naturaleza” femenina. Es precisamente esta naturalización lo que permite mantener ocultos los hilos de arbitrariedad e injusticia que subyacen en ella.
Superior-inferior, se instauran
entonces como categorías relacionales desde las que se aprende a mirar
y significar el mundo, y que operan en el imaginario social como organizadoras
de las rutas que demarcan: lo permitido o lo prohibido y la direccionalidad
desde la que se construye autoimagen.
Así, “enseñar” que no se tiene control sobre la propia vida, es uno de los componentes que aporta la cultura para configurar en las mujeres una identidad obturada en su autonomía y capacidad de decisión.
Sostener la desigualdad como práctica cultural implica, por tanto, la legitimización de los ordenamientos de poder entre los géneros, de manera tal que se vayan anudando al tejido social formas de pensar, sentir y actuar, jerarquizadas y discriminatorias.
La desigual valoración que se asigna a las personas en el concierto de las relaciones humanas, expresa de manera directa las edificaciones ideológicas en torno al “ser mujer” y “ser hombre”, dentro de vivencias rígidas y polarizadas que precisamente refuerzan tal desigualdad.
Si bien el momento histórico actual nos pone en presencia de transformaciones y luchas que han venido produciendo importantes fisuras en la redistribución de poderes entre los sexos, lo cierto es que la inequidad persiste, y que conquistas sociales en esta materia, aún se desdicen en la cotidianidad, en las interacciones más cercanas e íntimas, en las posibilidades de elegir y negociar el rumbo de la propia vida.
Por otra parte, hablar desde un enfoque de género implica asimismo repensar acerca de los costos personales que requiere para ambos sexos la adscripción a los mandatos sociales que definen lo masculino y lo femenino.
Sin desconocer que en “lo masculino” se condensan y expresan una serie de privilegios y poderes ejercidos sobre otras y otros, es evidente que para mantenerse en esas posiciones, los hombres han tenido que aprender a reprimir o negar condiciones, capacidades y necesidades relacionadas con su condición humana.
Aportar a la construcción de un proyecto social que tenga como centro la dignidad de cada una de las personas requiere imaginar masculinidades y feminidades constituidas por otros valores vitales como la solidaridad; el reconocimiento mutuo; el respeto a la vida, a la individualidad y a la diversidad humana; que no admiten en su definición formas opresivas y excluyentes.
Desde este Enfoque es que se
pretende develar el lugar en que la sociedad hasta ahora ha ubicado a la niñez
y a la adolescencia dentro del escenario social, permitiendo desentrañar
elementos -también contenidos en el modelo dominante de relaciones- que
dan cuenta de cómo la sociedad les inhabilita psicosocial, cultural,
económica y políticamente.
Así, se identifica el Adultocentrismo como el principio ordenador de relaciones de poder y autoritarismo ejercidas contra las personas menores de edad, el cual se instituye como mecanismo edificado en la “ficción de sus certezas”, y a través de cuyo artificio la sociedad “concede” a las personas adultas la prerrogativa de pensar, actuar y decidir en nombre de la minoridad.
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De
esta manera es que se atrapa a niñas, niños y adolescentes
en el discurso oficial y en la institucionalidad. En consecuencia, el
mito del feliz y paradisíaco mundo de la niñez y la juventud
no es más que la mascarada para invisibilizarles, para reclutarles
e insertarles en el lugar devaluado que se les ha prefijado en la trama
de las relaciones sociales. |
Omitir este dispositivo de análisis, es negar la a veces dramática paradoja de niñas, niños y jóvenes retenidos en el tejido de lo arbitrario y del autoritarismo, donde los adultos monopolizan los mecanismos para su “admisión” en la tarea de constituirse en interlocutores válidos y con potencial para construir presente y acceder al futuro.
Esta es la forma en que la sociedad en su conjunto les niega valor como personas con una historia y con capacidades propias para expresar sus protestas y respuestas frente a una vida heredada, más no elegida.
Es desde el principio adultocéntrico que rige la interacción humana, que se hace posible justificar la vigilancia, la disciplina estricta, la coerción, el castigo, el chantaje..., mecanismos construidos y validados socialmente para garantizar la obediencia y la sumisión incondicional a las reglas del mundo adulto. Esta es la estrategia para instalar y viabilizar las relaciones abusivas en el trato cotidiano con niñas, niños y adolescentes.
Probablemente el ámbito familiar sea el espacio donde más fácilmente pueda identificarse esta dinámica, al reproducirse en su interior comportamientos vinculares basados en patrones de crianza violentos, que desconocen la ternura y el respeto a la diferencia como las formas legítimas de relación y aprendizaje.
Sin embargo, es preciso relevar que este hecho no es privativo del ámbito familiar, pues lo cierto es que permea todo el entramado social, con el propósito de uniformar o silenciar disidencias y necesidades.
Ser persona menor de edad, en nuestra sociedad, es estar inscrita en el “discurso del amo”, dentro de cuyas representaciones se es “objeto” de los adultos y donde éstos depositan sus fantasmas. O, dicho de otra manera, a niñas, niños y adolescentes se les ubica frente a la omnipotencia adulta y, por tanto, en una posición subalterna, anulándoles la conciencia respecto a su propio valor, lesionando sus capacidades y desdibujando sus posibilidades de afirmación y autonomía.
Y es que, la vida
de niñas, niños y adolescentes, tiene valor hoy por lo que son,
y no por lo que serán mañana. El reconocimiento a su condición
de sujeto nos propone, entonces, el desafío de diseñar e impulsar
procesos que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, haciéndose
imprescindible una relectura propositiva de la identidad social de la niñez
y la adolescencia.
Al explicitar este Enfoque se procura ampliar el análisis a todas aquellas otras formas de relación y agrupación social que permanecen segregadas o invisibilizadas por no corresponder a la lógica que impone la cultura hegemónica.
Y es que la diversidad contenida en creencias y rituales; en maneras de vivir la sexualidad y de externar los afectos; o en las formas desde las que regiones y etnias afirman su presencia en el mundo, como opciones posibles de experiencia individual y social; muchas veces no encuentran acogida dentro del escenario representacional en una cultura que intenta homogenizar una concepción de lo humano y de sus prácticas.
Este ha sido por lo demás, uno de los artificios privilegiados históricamente para justificar el ejercicio de formas opresivas de poder, que al amparo de pretendidos criterios unilaterales de verdad, continúan aún hoy, disciplinando, excluyendo, expropiando, e incluso exterminando a grupos, pueblos y otras culturas no predominantes.
| Así,
lo diverso, lejos de significar libertad, creatividad y autonomía,
se torna amenazante y queda ubicado en el lugar de ”lo otro”,
lo extraño, lo ajeno, ante una visión uniforme y reduccionista
que se rehúsa a reconocer la legitimidad de la interacción
entre distintas manifestaciones socioculturales. |
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Integrar sin subordinar, es un desafío que continúa atravesado por múltiples contradicciones que precisan ser revisadas, como requisito ineludible para construir relaciones más democráticas y contenedoras de la complejidad de la expresión humana, que no es ni única ni inmutable.
Para ello, resulta imprescindible reconocer las maneras en que se van hilvanando complicidades necesarias que legitiman y reproducen valoraciones discriminatorias frente a aquello que se mira y significa como diferente.
Los prejuicios, los estereotipos y la construcción de imágenes portadoras de estigmas, constituyen estilos cotidianos de rechazo social, que nombran para denigrar o degradar, impidiendo así el encuentro respetuoso ante lo diverso.
La exclusión
de oportunidades, el no reconocimiento de “lo otro” dentro de la
agenda social, educativa, económica y política, son también
tramas por las que circulan poderes que niegan presencias, expropian de la palabra,
desconocen universos simbólicos, de múltiples colectivos que habitan
un espacio común.
Fracturar lo anterior no se trata de un acto de tolerancia, pues ello contiene
en sí mismo rasgos de superioridad ideológica; se trata de afirmar
la validez de las distintas realidades sociales y culturales de las que puede
nutrirse la experiencia humana.
Asumir la diversidad como riqueza compartida, implica por tanto, inaugurar un
marco social e institucional en que estén incorporadas todas las voces
y múltiples rostros. Este será un camino para ampliar horizontes
de crecimiento, para consolidar una convivencia que defienda y mantenga la dignidad
de la diferencia.