El embarazo y la maternidad en la adolescencia, reflejan una situación social que debe ser abordada desde una visión integral, que logre atender las raíces mismas de la discriminación de que son objeto las niñas, las adolescentas, las mujeres jóvenes y las mujeres en general, al asignarles como ideal del ser mujer, el ser madres. Sin embargo, ese mandato idealizado se vuelca en contra de las adolescentas, quienes a la vez son estigmatizadas y excluídas de oportunidades, condición que se ve agravada por la pobreza. Se propicia así una espiral de discriminaciones y exclusiones que las separa de un proyecto de vida propio más allá del ámbito doméstico y del rol reproductor.

A su vez, el hecho de que la sociedad persista en su negativa de reconocer el derecho de las personas menores de edad a la información y apropiación de su sexualidad, representan condiciones sociales que facilitan la existencia de riesgos en la salud sexual y reproductiva de esta población. En algunos casos se vulnerabiliza la integridad humana, en un momento clave de su proceso de desarrollo, enfrentándose a dificultades notorias para trazar proyectos de vida de acuerdo a sus capacidades, decisiones y expectativas; además aumentan las posibilidades de verse sometidos y sometidas a otros flagelos como es la violencia sexual.

En 1999 se determinó que del total de nacimientos, un 20,5% correspondió a mujeres adolescentes1, mientras que un estudio reciente sobre salud reproductiva indica que en algunas comunidades este porcentaje se eleva al 27.8%2. Pese el aumento en la tasa de fecundidad de la población adolescente, esta situación no ha sido asumida como prioritaria a nivel de las políticas gubernamentales, aún cuando existen leyes, tratados internacionales e intentos gubernamentales por atender dicho tema.

Aún cuando se realizan esfuerzos importantes por trascender posiciones estrictamente asistencialistas, que priorizan el empoderamiento de las adolescentas embarazadas o madres, como el Programa Construyendo Oportunidades (PCO), persisten abordajes institucionales centrados en enfoques que en muchos casos tienden a disciplinar o castigar, antes que acompañar procesos educativos que proporcionen herramientas eficaces para la autoafirmación y el logro del crecimiento personal y social de las niñas y las adolescentas.

La intervención gubernamental en el tema no ha sido suficientemente efectiva, ya que su accionar en la materia se ha centrado principalmente en el Programa Construyendo Oportunidades, dejándose de lado aspectos sustantivos de Ley General de Atención a la Madre Adolescente. Los compromisos que se derivan de la aplicación de esta Ley, van más allá de lo realizado en el PCO. En este sentido, la coordinación interinstitucional, requisito necesario para abordar la temática de una manera integral, continúa siendo un reto. Uno de los principales obstáculos que se enfrenta, es que dicho Programa -orientado a segmentos de la población en condiciones de pobreza- se ha constituido en el único referente de cumplimiento de la Ley, por lo que se deja al descubierto una gran parte de su propia población meta, como al conjunto de las adolescentas del país.

En el caso del sistema de salud, las adolescentas embarazadas o madres no reciben la atención adecuada a su situación específica y muchas veces han enfrentado acciones revictimizantes, hecho que podría responder a obstáculos importantes en la labor de dimensionar qué significa para una mujer joven estar en condición de embarazo. De ahí que se torna imprescindible que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuente con un protocolo con enfoque de derechos para la atención del embarazo o la maternidad adolescente, como parte de sus compromisos de gestión.

Consideramos además preocupante la prevalencia de una atención desprovista de intervenciones de carácter integral, desvirtuándose y sesgándose así el sentido de las acciones. No se perciben iniciativas encaminada hacia la consolidación de estrategias simultáneas de información, capacitación y educación para la sexualidad. El respeto a la autonomía de los y las jóvenes, es crucial para la toma de decisiones responsables, informadas y saludables; la voz y la participación activa de las y los adolescentes es un derecho fundamental. No es posible abordar efectivamente la situación en cuestión, si el marco conceptual del cual se parte, tabuiza, niega y restringe la sexualidad adolescente, violándose de esta manera el derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción.

En consecuencia, las agendas institucionales deben ser garantes de los derechos que tiene todo niño, niña y adolescente a una educación para la sexualidad .

Por otra parte, no se ha investigado a profundidad ni visibilizado las condiciones que inciden en la ocurrencia de embarazos en las adolescentas, dándose por hecho, de manera superficial, que son producto de decisiones informadas de las jóvenes, desconociendo que muchos de ellos son el resultado de relaciones abusivas de poder.

Consideramos que una estrategia de abordaje del embarazo o maternidad adolescente debe contemplar la realización de investigaciones y debates públicos con amplia participación, que incorpore el análisis de la sexualidad adolescente desde un marco de derechos humanos, incluidos los sexuales y los reproductivos, la perspectiva de género, la de poder y la de diversidad.

Finalmente, nos pronunciamos por establecer una distinción básica entre el embarazo en la adolescencia y el embarazo en niñas, ya que éste último responde necesariamente a abusos sexuales, situación que debe contar con estrategias nacionales de visibilización y erradicación, desprovistas de mitos, prejuicios e imposiciones de una condición de maternidad que viole los derechos humanos de las niñas.

Por tanto, demandamos que:

1. El Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente, asuma su papel y promueva una política pública integral en el marco de Ley General de Atención a la Madre Adolescente, incluyendo las reformas necesarias para que las adolescentes madres sean sujetos de derecho en su condición de persona y no sólo en función de su maternidad. Además debe contar con el enfoque de derechos humanos, género, diversidades y respeto intergeneracional, que dé respuestas en cuanto al tema de educación para la sexualidad como al de atención al embarazo y maternidad en la adolescencia. Asimismo es necesario el fortalecimiento de la sostenibilidad y ampliación de cobertura del Programa Construyendo Oportunidades.

2. El Consejo Nacional de la Madre Adolescente y el Sector Niñez y Adolescencia garanticen el respeto a los derechos de las niñas y adolescentes desde una labor de sensibilización de la sociedad, orientada hacia la desmitificación de la maternidad como destino, así como a la necesaria denuncia y sanción de los casos de abuso, incesto y agresión sexual.

3. Por debajo de los 13 años de edad, el embarazo sea considerado una grave violación a los derechos humanos de las niñas, se privilegie y aplique su interés superior sin restricciones de ninguna naturaleza.

4. Se realicen las reformas legales necesarias a fin de garantizar que el ejercicio de la patria potestad NO violente ni irrespete los derechos de las personas menores de edad.

5. Se incorpore en una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia la eliminación del artículo 92 del Código Penal, que hasta ahora permite la extinción de la acción penal y de la pena del hombre procesado o condenado, cuando éste se case con la ofendida.

6. El Consejo Nacional de Atención a la Madre Adolescente eleve su potestad de exigir cuentas al conjunto de las instituciones involucradas en el cumplimiento de la Ley de Protección a la Madre Adolescente y presente un informe anual de labores y rendición de cuentas.

7. El INAMU asuma su papel rector en materia de políticas públicas dirigidas hacia las mujeres, en este caso, particularmente de las adolescentas.

8. El Estado, por medio del INAMU y el Ministerio de Salud, de seguimiento a las recomendaciones del comité de la Convención contra todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW) y se respete el compromiso estatal que tiene Costa Rica ante este órgano con relación a la protección a las adolescentes embarazadas y madres.

9. El diseño y la implementación de políticas públicas en materia de derechos de la población adolescente, se realice con amplia participación de la sociedad civil y en especial a las organizaciones de mujeres.

Asociación de Mujeres en Salud AMES
CEFEMINA
Centro Feminista Francisca Carrasco
Alianza de Mujeres Costarricenses
Centro de Educación Popular VECINOS
Colectiva por el Derecho a Decidir
Fundación PROCAL
Mujer No estás sola
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos (REDLAC)